Buscan que el Gobierno no fumigue áreas de trece municipios
del occidente del departamento, pues consideran que eso haría
pedazos la paz de la zona.
Apoyados por la Iglesia Católica, le presentarán
al Gobierno la semana entrante su propuesta de erradicación
manual con sus propios recursos.
En la reunión, que se realizará el próximo
27 de abril en Chiquinquirá, se conocerán los
resultados de los programas de erradicación manual
y se evaluara el avance de los cultivos ilícitos, que
podrían pasar de 10 mil hectáreas en este departamento
(Ver recuadro).
"Es posible que ese día se anuncie el inicio
de las fumigaciones", piensa Carlos Mayorga, secretario
general de la Gobernación, quien cree necesario evaluar
otras posibilidades.
Los empresarios están encabezados por Yesid Nieto
y esperan que su propuesta sirva además para la consolidación
del proceso de paz en la zona. El objetivo es que los agricultores
que salgan de la ilegalidad tengan otras fuentes de subsistencia.
La iniciativa, que contempla la incorporación de soldados
campesinos y más apoyo a las microempresas, está
respaldada también por alcaldes y otros líderes
de la región.
A la reunión también asistirá Víctor
Carranza, el 'zar de las esmeraldas', quien reclamará
que los ministerios de Agricultura y Ambiente ejecuten políticas
de mercadeo de productos tradicionales.
"De las decisiones que se tomen en Chiquinquirá
dependerá en buena parte que se fortalezca la paz que
se gestó hace 14 años en el occidente",
sentencia Carranza.
Los cultivos ilícitos viven un auge inusitado en Boyacá,
pero nadie parece tener claras las cifras del fenómeno.
Lo cierto es que ha hecho prender las alarmas de campesinos,
empresarios, esmeralderos, Fuerzas Militares, gobierno departamental
y, por supuesto, de la administración del Presidente
Álvaro Uribe.
El Ejército y la Policía aseguran que han tenido
que destinar mil soldados y unos 200 agentes a la erradicación
manual, realizada en coordinación con otras autoridades,
como las alcaldías. 'La paz está en vilo'
Sin embargo, insisten en que las plantaciones ilegales siguen
creciendo y en que es urgente fumigar. De hecho, ya le hicieron
una petición formal al Gobierno en ese sentido.
Para Carranza, la labor de la Fuerza Pública ha sido
muy lenta, pese a que -según él- posee todos
los informes sobre la ubicación de los plantíos
y la magnitud del problema.
Carranza opina que la paz en el occidente del departamento,
firmada hace 14 años entre los grupos de esmeralderos
que protagonizaron una guerra sangrienta por una década,
con apoyo del narcotráfico, podría hacerse trizas
si se concretan las fumigaciones.
"Los campesinos, los empresarios y los alcaldes se comprometieron
en Otanche, hace un año, a apoyar la erradicación
manual. La fumigación afectaría la economía
de los pequeños agricultores y podría generar
violencia", explica.
¿Quiénes son los responsables de este auge
de los narcocultivos? Según el líder esmeraldero,
hubo lugareños que se trasladaron al Caguán
durante la vigencia de la zona de distensión y que,
una vez terminaron los diálogos entre las Farc y el
gobierno Pastrana, regresaron con semillas prohibidas y fórmulas
para su procesamiento.
"Ellos manipularon a los agricultores y les regalaron
las semillas para que las plantaran", sostiene, antes
de afirmar que las autoridades conocen la identidad de los
responsables.
En contraste, hay alcaldes que atribuyen el crecimiento de
los cultivos ilícitos a personas ajenas a la región
que aprovecharon la difícil situación económica
de los campesinos para ofrecerles trabajo bien remunerado
y, en algunos casos, el arriendo de sus parcelas.
De hecho, muchos labriegos han optado por cambiar sus plantaciones
de yuca y plátano por las de coca. En Otanche, por
ejemplo, una arroba (11,5 kilos) de plátano cuesta
entre 6.000 y 7.000 pesos, y una carga (10 arrobas) de yuca
se vende en 5.000, mientras que por un kilo de coca se pagan
entre 2,6 y 3 millones de pesos.
Con todo, la inminencia de la fumigación aérea
tiene atemorizados a unos 200 mil pobladores, que en su mayoría
viven de sembrar cacao, café, plátano, cítricos,
yuca, maíz y maní.
TUNJA
Cifras encontradas
Según la Policía, el año pasado se arrancaron
717.671 matas de coca en Boyacá, sembradas en unas
100 hectáreas; en lo corrido de este año han
sido destruidas 194.000. Fuentes de la institución
dicen que los cultivos están en 10 de los 14 municipios
del occidente boyacense y estiman en 1.500 las hectáreas
sembradas. El Ejército, por su parte, asegura que superan
las 10.000.
El gobierno seccional admite no tener certeza sobre la magnitud
del asunto. Carlos Mayorga, secretario general de la Gobernación,
dice que hasta ahora las autoridades no habían sido
conscientes de la gravedad del problema, que calificó
de “muy serio”.
Un estudio de la Policía indica que en Paya, Pisba,
Labranzagrande, Aquitania, Mongua, Gámeza, Tasco, Guayatá,
Guateque, Somondoco, Macanal, San Luis de Gaceno, Berbeo,
San Eduardo y Campohermoso proliferan los cultivos de coca
y amapola, mientras que a Otanche, San Pablo de Borbur, Maripí,
Muzo, Pauna, Quípama, La Victoria, Coper, Briceño,
Buenavista y Muzo los afectan principalmente las plantaciones
de coca.
Esta última zona padeció hace casi dos décadas
una violenta guerra entre esmeralderos, que se disputaban
el control de las minas. Allí también llegó
la mafia del narcotráfico, con Gonzalo Rodríguez
Gacha a la cabeza.
Tras meses de diálogos y centenares de muertos, y
con la mediación de la Iglesia Católica, el
occidente logró pacificarse.
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