El 2002 fue un año nefasto: 412.553 personas, del 85
por ciento de los municipios del país, huyeron por
motivos relacionados con el conflicto armado.
Esa es una de las conclusiones que reveló ayer el
informe anual de la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento (Codhes), ONG dedicada al seguimiento
estadístico y al análisis de este fenómeno
desde hace más de una década.
La organización da cuenta de 412.553 nuevos desarraigados
en el 2002 (20 por ciento más que en el 2001), que
lo convierten en el año de mayor desplazamiento forzado
desde 1985, cuando comenzó a hacerse un verdadero corte
estadístico sobre este problema.
El significativo aumento parece explicarse en que, en un
hecho también sin precedentes, 955 de los 1.115 municipios
del país expulsaron población. "Se trata
de una ampliación de los lugares en los que la guerra
y su degradación son evidentes", dice el informe.
Esos 12 meses estuvieron marcados por el fin del proceso
de paz con las Farc y la transición de la administración
Pastrana a la de Álvaro Uribe.
:: ESTRATEGIA DE GUERRA
La tesis de la ONG es que el desplazamiento ya no es solo
un efecto colateral del conflicto armado, sino toda una estrategia
de guerra, incluso asociada a intereses económicos.
Para Codhes no es gratuito que la mayor parte de los colombianos
arrancados de sus hogares provengan de regiones con megaproyectos
productivos, generalmente relacionados con un uso masivo de
recursos naturales.
"No solo hay desplazamiento porque hay guerra, sino
que hay más guerra para desplazar más gente
porque los intereses económicos -que van más
allá de la tenencia de la tierra- así lo determinan
y porque el conflicto armado es un escenario favorable para
afirmar este tipo de relaciones de poder", dice el documento.
CONFINAMIENTO FORZADO
Las cifras quizás habrían sido mayores sin
la consolidación de un fenómeno igual o más
preocupante que el desplazamiento: el confinamiento forzado.
Sectores como Alto Bobalí (Norte de Santander) y
Alto Naya (Cauca), así como parte de la Serranía
del Perijá y el oriente antioqueño, han sufrido
los rigores del bloqueo que ejercen las partes en conflicto
sobre sus comunidades, el cual se traduce en una restricción
total del tránsito de personas, mensajes, alimentos,
medicinas e insumos.
Solo en el caso de los indígenas se habla de 21.720
afectados, el 25 por ciento de ellos kankuamos de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
De las estadísticas del año pasado también
se deduce que la cuarta parte de los municipios del país
(276) vive una revolución social y demográfica,
bien sea porque registraron una significativa disminución
de su población o porque fueron sometidos a un crecimiento
atípico por la llegada intempestiva de nuevos habitantes.
En este sentido, los casos más dramáticos
son Bojayá (Chocó) y Convención (Norte
de Santander). Este último recibió, en un breve
lapso, una migración equivalente al 48 por ciento de
su población, motivada principalmente por la fumigación
de cultivos ilícitos. Las aspersiones aéreas
desplazaron el año pasado a 39.917 personas, la tercera
parte de ellas en Norte de Santander.
Bojayá, en cambio, perdió el 68 por ciento
de sus habitantes en un solo evento de desplazamiento, originado
por la tragedia de hace un año.
'Tragedia' es precisamente la palabra que utiliza Codhes
para referirse a la situación de los afrocolombianos,
que aportaron la tercera parte de todos los desarraigados
en el 2002. Los 83.650 negros desplazados en ese periodo implican
que esta comunidad padece una tasa de expulsión 20
por ciento mayor que la del resto del país.
Esto hizo que Chocó -cuya población está
compuesta en un 73 por ciento por afrodescendientes- ocupara
el primer lugar tanto entre los departamentos expulsores como
entre los receptores.
Codhes también encontró que unos 21.800 colombianos
traspasaron las fronteras nacionales el año pasado
para resguardarse de ataques, amenazas o acciones armadas.
Al menos 12.000 lo hicieron hacia Ecuador, 900 hacia Venezuela
y 300 hacia Panamá. Se estima que cerca de 7.500 esperan
que los gobiernos vecinos den respuesta a sus peticiones de
refugio.
En este sentido, la ONG propone convocar una conferencia
andina que construya una estrategia para garantizar los derechos
de desplazados y refugiados, con base en las legislaciones
nacionales y los convenios de la comunidad internacional.
Según Codhes, la política del Gobierno en
el campo del desplazamiento forzado es demasiado modesta,
depende demasiado de la cooperación internacional y
está subordinada al enfoque de seguridad enarbolado
por el presidente Uribe.
"¿Es posible, en este escenario, garantizar
las condiciones necesarias para realizar efectivamente procesos
de prevención, asistencia humanitaria, retorno y consolidación?",
es la pregunta final que este informe deja sin respuesta.
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