A la justicia peruana le costó más de tres años
acopiar evidencia contra Vladimiro Montesinos como autor intelectual
del contrabando de 10.000 fusiles AK-47 comprados al ejército
de Jordania y luego traspasados a las Farc. Pero al ex poderoso
hombre fuerte del régimen de Alberto Fujimori le bastó
menos de un minuto para trabar el engranaje del tribunal que
lo podría condenar a 20 años de prisión.
Contra todo pronóstico, la defensa de Montesinos pidió
-y lo consiguió- que los jueces citaran como testigo
al jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George
Tenet.
Durante toda la investigación, y no obstante los testimonios
de sus socios y cómplices, negó haber operado
bajo la tutela de la CIA, y sin embargo ahora exigía
la presencia del mandamás de ésta, a sabiendas
de que es casi imposible que acepte hablar. Cualquiera sea
el resultado de la maniobra, ahora todos hablan de Tenet como
si él estuviera en el banquillo y no de Montesinos,
el cerebro de una conspiración que recién se
ha comenzado a aclarar.
A diferencia de los otros 70 juicios que enfrenta quien condujo
con mano dura y durante una década el temible Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos se dedicó
con obsesión a fabricar triquiñuelas para entrabar
el proceso. Según el procurador dedicado al tema, Ronald
Gamarra Herrera, la defensa del ex asesor presidencial presentó
más de un centenar de escritos con increíbles
observaciones. "Lo único que faltaba era que reclamara
la presencia de Juan Pablo II", dice Gamarra.
A pesar de encontrarse encerrado en una prisión inexpugnable,
que el propio Montesinos mandó a construir en la Base
Naval del Callao, horas antes del inicio del juicio se filtró
a la prensa el rumor de que la abogada Estela Valdivia, quien
además de representar a su cliente tendría un
romance con este, estaba embarazada. La prensa se dedicó
a indagar sobre ello en lugar de preguntar sobre las pruebas
contra Montesinos. Pero ni siquiera la negativa del ex jefe
del espionaje peruano a responder a las preguntas del tribunal,
en protesta porque supuestamente ocupa una celda donde no
se respetan sus derechos humanos, desanimó a los magistrados
que dieron lectura a los cargos.
Un testimonio clave que prueba la responsabilidad de Montesinos
en el tráfico de armas es el del libanés conocido
como 'el mercader de la muerte', Sarkis Soghanalian Kupelian.
Ante el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados
Unidos, Soghanalian, quien se encuentra bajo protección
gubernamental, detalló las dos reuniones que sostuvo
en Lima en enero de 1999 con el entonces consejero de Fujimori.
Aclaró que los 10.000 fusiles eran parte de un total
de 50.000, que el contrato incluía misiles antiaéreos
SAM-7 de fabricación rusa y equipos de telecomunicaciones.
Al parecer, Montesinos pretendía potenciar la capacidad
de fuego de las Farc, ya que según el vendedor de armas
acordó con él un negocio por 78 millones de
dólares. Para tener una idea de la dimensión
de lo que se pretendía comprar, por los 50.000 fusiles
Soghanalian pidió 700.000 dólares, lo que representa
el 0,89 por ciento del total. Además, Montesinos estaba
apurado: "Me quiso pagar 20 millones en efectivo (en
ese momento), pero le dije que no, mejor una transferencia
desde su banco". El libanés decidió hablar
ante las autoridades norteamericanas, a solicitud de la justicia
peruana, porque el ex asesor presidencial, para librarse del
enredo, acusó a Soghanalian de haber sido el cerebro
del contrabando.
Como han informado investigadores de The New York Times y
The Washington Post, el comerciante libanés es un conocido
colaborador de la CIA, como Montesinos. El primero proveyó
armamento a los 'contras', que con financiamiento de la agencia
estadounidense intentaron derrocar el gobierno sandinista,
y suministró 200 helicópteros a Saddam Hussein
cuando este era un mimado de la Casa Blanca en los años
80. Y Montesinos, que a mediados de los 70, cuando era capitán
del Ejército y colaborador del gobierno militar del
general Juan Velasco Alvarado, viajó en secreto a Washington
para asistir a reuniones en el Pentágono y la CIA,
y entregar información sobre el armamento comprado
por Perú a la Unión Soviética.
Cuando llegó al poder con Fujimori, restableció
su relación camuflada como 'cooperación' en
la lucha antidrogas y contraterrorista. Cuando Soghanalian
se reunió en Lima con Montesinos para discutir el negocio
de 78 millones de dólares, el libanés sabía
perfectamente que estaba hablando de tú a tú
con un amigo de la CIA.
Aunque durante su declaración ante las autoridades
norteamericanas no se tocó el tema de la presunta participación
de la agencia norteamericana, Soghanalian dejó establecido
que el servicio de inteligencia militar jordano comunicó
de la venta de armamento a la estación de la CIA en
Ammán. "Ellos me aseguraron que lo hicieron",
dijo. El procurador peruano Ronald Gamarra precisó
que "existen suficientes indicios" de la intervención
del espionaje norteamericano en el contrabando de armamento
a las Farc, y que por eso mismo solicitó el testimonio
del ex jefe de la estación de la CIA en Lima, Robert
Gorelick, y de otros dos agentes, Thomas W. Sánchez
y John Stuard. "Con Gorelick me reunía de dos
a tres veces a la semana", declaró en su momento
Montesinos.
El 9 de agosto de 2000, Gorelick y sus dos compañeros
se presentaron ante el jefe de la inteligencia peruana, el
almirante Humberto Rozas Bonucelli, para entregarle copias
del contrato de venta de los 10.000 fusiles AK-47. Gorelick
le dijo a Rozas que investigara el caso porque parte del armamento
había sido encontrado en poder de las Farc. El almirante
Rozas, que sólo cumplía funciones formales porque
el verdadero hombre fuerte era Montesinos, de inmediato llamó
a este para informarle de lo ocurrido. En menos de dos semanas,
el 20 de agosto, Fujimori y su asesor organizaron una conferencia
de prensa y anunciaron que el Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN) le había asestado "un devastador golpe a
una organización de traficantes de armas". Montesinos,
quien no estaba acostumbrado a salir en público, alardeó
del éxito de la operación. Fujimori lo aplaudió
y felicitó.
"Y ahora demanda la presencia del jefe de la CIA, George
Tenet", apuntó el procurador Ronald Gamarra: "Montesinos
le tiene miedo a este caso en particular porque los delitos
que cometió se castigan con 20 años de prisión.
No quiere hablar, recusa a los jueces, se enferma repentinamente,
se queja de todo para entrampar el proceso. Y hará
todo lo que sea para sabotear el caso, pero confío
en que finalmente será sentenciado como se merece".
Un último recurso que la defensa del Estado peruano
no descarta que Montesinos intentaría, sería
admitir la intervención de la CIA en la entrega de
armas a las Farc, para generar una controversia internacional
y distraer la atención sobre su responsabilidad. Quizá
para prevenir esa posibilidad, la jueza del Distrito de Columbia,
Deborah A. Robinson, apuraría un pedido de extradición
de Montesinos, por una investigación sobre tráfico
de armas y de drogas que inició con el testimonio de
un ex guerrillero de las Farc que se encuentra bajo protección
norteamericana. Para empezar, ya solicitó la extradición
de José Luis Aybar Cancho, el representante de Montesinos
en la operación. Está probado que el hermano
de José Luis, Luis Frank Aybar Cancho, se encargó
de vender las armas a las Farc. De allí, la lógica
del pedido de la jueza Robinson. Parece que les resulta más
cómodo tener a Montesinos en una cárcel estadounidense,
como sucedió con el ex dictador Manuel Antonio Noriega,
otro notorio ex colaborador de la CIA.
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