Por Carlos Olimpo Restrepo S.
Enviado especial San Miguel, Putumayo
El más reciente ataque al oleoducto transandino se
registró el pasado domingo. Dos tramos del tubo fueron
volados con explosivos instalados por guerrilleros del frente
48 de las Farc.
Las huellas de estas acciones son claramente visibles a orillas
de la vía entre Orito y San Miguel, Putumayo, departamento
por donde pasa más de la mitad los 360 kilómetros
de esta infraestructura, que lleva el crudo desde aquí
hasta el puerto de Tumaco, Nariño, sobre el océano
Pacífico.
Entre noviembre de 2003 y enero de este año, el oleoducto
ha sufrido más de 30 atentados, lo que ha obligado
a detener, en repetidas ocasiones, el bombeo del petróleo,
que a veces se derrama sobre ríos como el Guamuez o
el San Miguel, que bañan esta región del sur
del país, en la frontera con Ecuador, o que se riega
por los pequeños pantanos naturales que hay en la zona.
Riqueza peligrosa
Este departamento, con poco más de 350.000 habitantes
asentados en los 12 municipios que se reparten 24.885 kilómetros
cuadrados entre los ríos Caquetá y Putumayo,
es considerado uno de los más conflictivos del país.
En medio de las estribaciones del Macizo Colombiano o sobre
las extensas llanuras selváticas, el petróleo
y la coca despiertan las ambiciones de guerrilla y autodefensas,
que no vacilan en pasar sobre la población civil para
lograr su cometido.
No es difícil observar, desde el aire o en tierra,
los espacios que nativos y colonos le robaron a la selva para
sembrar coca, planta que les genera ingresos cuatro y cinco
veces superiores a los demás cultivos.
Por eso no es raro ver camionetas todoterreno, de modelos
recientes, metidas por unas carreteras en muy mal estado,
aunque algunas tienen una capa de asfalto que, en las horas
de más calor, se ablanda y dificulta el tránsito.
Aquí, el Gobierno Nacional llegó -al finalizar
la administración de Andrés Pastrana- con planes
de sustitución de cultivos ilícitos y con fumigaciones
intensivas sobre las plantaciones de coca, acompañadas
de un gran despliegue de Fuerza Pública, en parte gracias
a los aportes de Estados Unidos al Plan Colombia.
La concentración de fuerzas no es coincidencial. Putumayo
hace parte de la frontera de Colombia con Ecuador y Perú
que, por su naturaleza agreste, se convierte en un sitio propicio
para el tráfico ilegal de armas, drogas y personas,
y de algunas mercancías.
Puentes atacados
Los ataques no sólo se dan contra el oleoducto. "Como
a las cinco de la mañana llegaron a la casa y nos dijeron
que saliéramos, que iban a estallar el puente. Nos
llevaron con ellos y como a los cinco minutos sentimos el
ruido. Cuando volvimos, esta parte estaba caída, lo
mismo que la casa".
Las palabras son de una habitante de La Hormiga, testigo
de excepción de la voladura, también por parte
de las Farc, del puente sobre el río Guamuez, ocurrida
la madrugada del 9 de diciembre de 2003.
Las dos casas de la orilla sur del puente cayeron al río,
junto con un tramo de la infraestructura. Otras viviendas,
levantadas en madera y ubicadas incluso a unos 500 metros
del lugar, fueron afectadas por la explosión.
Hoy, los viajeros y la carga entre el norte y el sur del
departamento deben transbordar en este lugar, cercano al caserío
de El Tigre, en el municipio del Valle del Guamuez (La Hormiga
es su cabecera municipal) o aventurarse por una carretera
casi tres veces más larga y en condiciones más
difíciles, por el departamento de Nariño, más
al occidente.
Los primeros días, los transeúntes cruzaban
en canoas. Un hombre juntó unas tablas con cables y
cuerdas, para unir los poco más de veinte metros entre
la orilla y el pedazo del puente que quedó en pie.
Pasar por allí valía mil pesos por persona,
más caro que cruzar por agua, pero sin tener que bajar,
cargado de maletas, por un empinado barranco, y subir luego
de la misma manera.
El negocio de este hombre -un ser anónimo del que
nadie parece saber su nombre- se terminó a comienzos
de enero, cuando miembros de la columna móvil Belén
de los Andaquíes de las autodefensas lo obligaron a
irse, por considerar abusivo el cobro.
Otro puente -sobre el río Caquetá y ubicado
en el caserío de Condagua, Mocoa- también fue
volado hace dos semanas, por lo que el transporte con el interior
del país fue bloqueado. El pasado miércoles,
con la instalación de un puente provisional por parte
de ingenieros del Ejército, la emergencia fue superada.
Vigilancia permanente
Estos ataques a la infraestructura son realizados pese al
elevado número de miembros de la fuerza pública
que hacen presencia en Putumayo.
El componente militar del Plan Colombia se nota allí.
No es raro encontrar en cualquier vía a soldados profesionales
de la Brigada 27 de Selva, que además de patrullar
y hacer retenes de control, deben hacer frente a los grupos
ilegales que se lucran de la coca que todavía se produce
en este departamento, aunque en menor escala que hace dos
años, debido a la lluvia de glifosato que obligó
a desplazar los cultivos hacia los vecinos departamentos de
Caquetá y Nariño.
Fuerzas contraguerrilla de la Policía Nacional permanecen
en los cascos urbanos y en algunos caseríos, en cuarteles
fortificados, donde vigilan y dan seguridad a la población.
Ninguna medida de protección sobra, en especial en
municipios como La Hormiga, San Miguel y Orito, escenarios
de fuertes combates hasta hace pocos años y en los
que la fuerza pública perdió a varios hombres
a manos de guerrilleros del frente 48 de las Farc.
Este grupo aprovecha las horas nocturnas para atacar el oleoducto
y los puentes, y asomarse por los pequeños caseríos,
como una manera de demostrar que aunque están replegados
por la acción de la Fuerza Pública, todavía
representan una amenaza para este departamento, cuyo despeje
es pedido por las Farc -junto con Caquetá- como condición
para volverse a sentar en una mesa de diálogo con el
Gobierno, a lo que la administración de Álvaro
Uribe se opone.
La coca sigue
Hoy los campesinos cultivan la coca en parcelas más
pequeñas y mejor camufladas, para evitar la acción
de los grupos antinarcóticos.
"De una parcela de más o menos una hectárea,
una familia puede recibir un promedio de dos millones de pesos
mensuales", señala un labriego de El Tigre, para
explicar porqué muchos se niegan a tener un cultivo
legal.
Otra mujer de este caserío, situado a unos 30 kilómetros
de La Hormiga, sostiene que "la verdad, verdad, la coca
era la riqueza de esta zona, era lo único que daba
plata, y el Gobierno intentó obligarnos a que la dejáramos
de un día para otro, pero eso así no funciona,
eso no es tan fácil como cambiarse una camisa".
Agrega que "era muy triste no tener animalitos, ni otros
cultivos, pero había con qué comprar los huevos
y el maíz que venían de Ecuador y las otras
mercancías que entraban por Nariño y Caquetá".
Hoy, quienes todavía tienen un cultivo de hoja de
coca deben moverse con mucho cuidado. Los grupos ilegales,
en especial las autodefensas, intentan evitar que esta materia
prima de la cocaína llegue a manos de traficantes independientes
que pagan su "impuesto" a la guerrilla para procesarla
y sacarla de ese departamento.
La última semana de enero, en las afueras de Puerto
Asís, un campesino fue asesinado por miembros del Bloque
Putumayo, porque al parecer vendió su cosecha a un
hombre que tiene relaciones con las Farc.
A pesar de ello y de las amenazas del Gobierno Nacional de
expropiar las tierras de los campesinos que reincidan en los
cultivos ilícitos, los lugareños no parecen
estar dispuestos a cambiar.
"Para que esta tierra dé algo rentable, que no
sea coca, se necesitan por lo menos tres o cuatro hectáreas
y más de un año. En cambio con la coca, en una
hectárea puedo empezar a cosechar en seis meses",
dice un labriego de La Dorada, San Miguel, dispuesto a sacrificar
su tranquilidad por unos pesos que le garantizan el sustento.
En este contexto, es difícil que los programas de
sustitución de cultivos y de Familias Guardabosques
puedan tener éxito.
El último pueblo
Puerto Colón, en el municipio de San Miguel, es el
último caserío colombiano en la frontera con
Ecuador, por donde se puede cruzar legalmente hacia ese país.
Allí, sobre el río San Miguel, el puente internacional
que lleva el mismo nombre, en vez de unir, separa. Esta obra,
de 132 metros de largo y 12 de ancho que fue comenzada a construir
a mediados de los años 90 e inaugurada en 2000, es
vigilada día y noche por un pelotón del Ejército
ecuatoriano.
"Siempre han estado ahí, ahora hay más,
pero nunca se han ido de allá", dice la propietaria
de un negocio en el lado colombiano, mientras señala
a las fuerzas del vecino país que controlan el tránsito
de personas y mercancías.
"¿Y de Colombia no hay nadie?". La respuesta
sale en voz baja: "Casi no viene nadie".
Apenas la mujer termina de pronunciar la frase, cerca de
20 hombres del Ejército Nacional aparecen en la polvorienta
y ardiente carretera. Hablan con algunos habitantes y se dirigen
despacio por el puente, entre los carros que traspasan la
mercancía de uno a otro lado.
Tras una media hora de charla, los soldados de un lado y
otro se despiden con el mutuo deseo de buena suerte y, de
nuevo, el lado colombiano queda sin fuerza pública.
Otro habitante del lugar reconoce que estas esporádicas
apariciones de la Fuerza Pública han servido para ahuyentar
a los ilegales.
"Por lo menos no han vuelto los del bloque Putumayo
(de las autodefensas). A veces se metían en las noches
al otro lado, se robaban camiones con mercancía y se
volaban otra vez para acá, en medio de una plomacera
muy brava", recuerda.
Agrega que "algunas veces se nos llevaban algo, pero
casi siempre robaban en Ecuador".
Pasa de todo
La falta de autoridades aduaneras y de migración en
este lugar facilitan el tránsito ilegal y el contrabando
de algunos productos.
La presencia estatal más frecuente en el puente internacional
de San Miguel es algún funcionario del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), encargado de que el ganado que pasa por
allí cumpla con las normas sanitarias exigidas por
el país.
Fue por aquí por donde, el 17 de diciembre pasado,
Juan Alberto Rodríguez cruzó desde Puerto Colón
hacia Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
Este hombre era en realidad Juvenal Ovidio Ricardo Palmera
Pineda, conocido en las filas de las Farc como Simón
Trinidad, uno de los negociadores con el gobierno de Pastrana,
quien fue detenido el 2 de enero pasado en Quito y deportado,
dos días después, a Bogotá, y cuyo fácil
tránsito por el sur del país dejó en
evidencia la falta de control sobre este punto específico
de la frontera sur de Colombia.
El problema no es sólo de este lado: Ecuador sólo
mantiene el grupo de militares sobre el puente, pero el resto
de la frontera está prácticamente abandonado.
Vías ocultas
A unos pocos metros al oriente y occidente del puente internacional
San Miguel, la vegetación oculta algunos senderos por
donde no se requiere documentos para transitar entre un país
y otro.
"A veces toca moverse por ahí, porque aunque
uno tenga el pasaporte, si ellos (los ecuatorianos) no quieren,
empiezan a decirle que se necesita visa y eso vale mucho",
dice una mujer que acaba de regresar, de manera legal, por
el puente.
Señala que aunque el clima y el paisaje entre Colombia
y Ecuador no varían demasiado, al pasar el río
San Miguel hacia el vecino país se nota el cambio.
"La carretera es muy buena y uno no se preocupa porque
ya van a aparecer los unos o los otros", dice en alusión
a guerrilla y autodefensas.
"A veces los ecuatorianos dicen cosas de nosotros, que
somos malos pero yo les respondo que es como en todo: hay
personas buenas y personas malas", sostiene la mujer.
Cruzar el río, si se viaja de manera clandestina,
no es difícil. Algunos se ganan unos pesos con este
servicio. En las canoas se trasladan, de un lado a otro, personas
y gas.
"Mientras el cilindro de gas pequeño en Ecuador
no pasa de los 18 mil pesos, en Colombia puede llegar a los
25 mil. Por eso, muchos de los que viven aquí compran
ese gas. El resto, es más caro allá, porque
tiene precios en dólares", explica uno de estos
hombres que ayuda a salvar los obstáculos legales,
sin hacer preguntas ni comentarios sobre otros productos que
transportan.
Esta vía ha sido también la ruta de escape
para muchos colombianos, más de 20.000 según
las cifras del Gobierno ecuatoriano, que huyen de la violencia
de nuestro país.
Para ellos, el camino de regreso estará cerrado mientras
persistan la guerra y el olvido sobre esta región,
a la que se le dio la espalda durante muchas décadas.
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