Los ex cocaleros hablan del regreso de avionetas
y de la lluvia menuda de glifosato que estas dejan caer sobre
los cultivos de coca.
Reaparecieron en el cielo el nueve de marzo pasado, después
de seis meses.
Esta vez, dicen, bañaron también la yuca, la
caña, el plátano y el maíz, cultivos
con los que remplazaron las matas ilegales para cumplirle
al presidente Álvaro Uribe y recibir los 833.333 pesos
que les dan cada dos meses por haber erradicado manualmente
la coca.
"Esos gringos no distinguen una mata de coca de una
yuca", "esos satélites no sirven pa' nada"...
El personero toma nota y promete enviar cada queja a la Policía
Antinarcóticos.
Fue en esta población del Putumayo, de calores inclementes
y aguaceros repentinos, donde el Gobierno comenzó su
Programa Guardabosques hace un año para recuperar ecosistemas
estratégicos cultivados con coca, proteger los que
están en riesgo y combatir el narcotráfico que
ha fortalecido a guerrilleros y paramilitares.
Dicen las cifras oficiales que 2,2 millones de hectáreas
de bosque natural han sido destruidas en los últimos
10 años en el país para cultivar ilícitos.
Pero también, que 553.000 han logrado mantenerse libre
de coca desde que existen los guardabosques, porque ha sido
erradicada o porque las tierras han sido protegidas de la
siembra.
Ser guardabosque es un acto de voluntad. Por eso, aunque
San José del Guaviare es uno de los municipios más
afectados por la coca, fue en Orito donde primero el Estado
encontró un campesinado dispuesto a cambiar de vida.
Cincuenta y seis de las 120 veredas que tiene esta población
acogieron el programa. Hoy, 3.406 familias reciben pago cada
dos meses por mantener la tierra libre de cultivos ilegales.
Del total de hectáreas liberadas en el país,
cerca de 55.000 están en esa población, según
el Gobierno.
Como la voluntad, jugó la presión de las fumigaciones.
"Al lado de lo ilegal uno tenía algo de yuca y
plátano pa' la comida. Pasaba la fumiga y ahí
quedaban. Uno cortaba bajita la coca y la lavaba con leche
pa' que volviera a retoñar, pero a los 15 días
volvían a pasar las avionetas y era trabajo perdido.
Los animales se achaqueaban y a los niños se les dañaba
el estómago por tomar agua contaminada".
La confesión es de Enrique Cucardo, el que movió
la erradicación manual en Malvinas. De las 45 familias
de la vereda, 30 aceptaron ser guardabosques. Cada día,
durante mes y medio, se turnaron para erradicar en minga.
Don Enrique, sembrador de coca durante cuatro años,
ganaba trimestralmente hasta seis millones de pesos con las
tres hectáreas que cultivaba. Hoy prefiere 800.000
pesos cada dos meses "que vivir fumigao".
El mercado, claró está, ya no es el mismo.
"Cuando había coca la remesa (el mercado) era
por bultos. La de ahora es de 80 mil o 100 mil pesos. Antes
nos fiaban y nos esperaban a la cosecha. Ahora no. Dicen que
de pronto el Gobierno acaba con el programa".
Metido entre el cultivo agonizante de yuca por el reciente
baño con glifosato, se lamenta de que él y otros
campesinos legales hayan pagado por los 15 rebeldes de la
vereda. "Nos echamos 12 jornales sembrándola",
se queja. Faltaban tres meses para la cosecha.
Fe amenazada
Don Enrique y Aníbal González, tal vez el
mayor cultivador de coca de la vereda San Juan de los Palmares,
están tratando de mantener la fe entre los guardabosques,
amenazada por la fumigación. "Invierten mal. Nos
pagan por erradicar y ahora nos matan los cultivos legales",
dicen.
Los campesinos no culpan de su nueva desgracia al presidente
Uribe, sino a la Policía Antinarcóticos. "Uribe
es el único presidente que llegó directamente
al campesino y no mediante esas ONG que hacían lo que
querían con nosotros. El único que salió
con esa inquietud de guardabosques, de darnos cinco millones
por año".
Comparan lo de hoy con los proyectos que hizo el gobierno
de Andrés Pastrana, que consideran perdidos.
"Si el Gobierno no nos fumiga, le prometemos que le
seguimos cumpliendo. Tenemos que cumplirle, el jodido no es
él, somos nosotros", dice una de las hijas de
Don Enrique. Reniega de las jornadas enteras raspando hoja
de coca, que le dejaban las manos heridas.
Como muchos campesinos comprometidos, está preocupada
porque el fracaso de los guardabosques le daría razón
a la guerrilla. Varios erradicaron a pesar del frente 48,
que en algunas veredas prohibió arrancar y predicó
que el Gobierno no iba a cumplir con la entrega del incentivo
económico.
Sin embargo, el jefe guerrillero de toda la zona, según
algunos, no impide ser guardabosque. Eso sí, promete
protección a quienes no quieren terminar con los cultivos
de coca.
De la vereda El Empalme hacia La Hormiga, donde las Farc
tienen campamentos, nadie erradicó.
Los convertidos en guardabosques saben que solo recibirán
dinero del Estado hasta el 31 de diciembre del 2006, pero
para ese tiempo esperan haberles devuelto a los suelos la
vocación agrícola.
Como antes de que la coca los tentara a todos, a finales
de los años 80, por la facilidad para sacarla del campo
y comercializarla.
El convencimiento es tal que ya 'Kiosco de la Rumba', la
cantina que se llenaba de guardabosques borrachos durante
los primeros pagos, ha perdido clientes.
A los comerciantes de víveres, al contrario, les ha
crecido el negocio. Dicen que, al mercar, los guardabosques
están reviviendo la economía. La plata de la
coca, en cambio, se iba toda para Cali, con los intermediarios
y los narcotraficantes.
Hoy guardabosques que gastan solo lo del mercado y ahorran
lo que les queda en un fondo común, que, dicen, será
para comprar hectáreas. Muchos son campesinos sin tierra.
Viveros, caña para trapiches, yuca para una procesadora
ya en marcha y marraneras hacen parte de los sueños
de hombres como Don Enrique, que le están cumpliendo
a Uribe.
Puentes y vías es lo que le piden al Gobierno para
poder llegar al pueblo con los productos. Los caminos de hoy
son difíciles hasta para las bestias.
Trampas y sanciones
Detrás de los convencidos de su cambio de vida, de
que la ganancia de la coca era para los comercializadores
y no para los agricultores, hay quienes han burlado el Programa
Guardabosques.
Se inscribieron, pero siguieron sembrando coca. "Porque
833.000 pesos no alcanzan a cubrir lo que se paga con la venta
de la droga", o porque esa plata llega del odiado "gringo",
que ha alimentado la fumigación y "la ruina".
Ya hay veredas sancionadas por incumplimiento. Algunos agricultores
fueron castigados porque se inscribieron ellos y, aparte a
sus mujeres, para recibir doble aporte.
"Pensaron que nadie se iba a dar cuenta. A mí
la gente me decía: métame en el programa que
esa no es plata suya. Pero si uno es alcahueta, pierde la
vereda y pierde uno como presidente de junta y veedor de la
erradicación", dice Don Enrique.
Los líderes como él recorren las zonas liberadas
de coca para verificar que están siendo cultivadas,
reforestadas, o al menos no resembradas con ilícitos.
Además de resiembra de coca, se han hecho otras trampas.
Una mujer de Orito asegura que mecánicos, tenderos
y hasta un policía le han sacado jugo a un subsidio
pensado para campesinos pobres.
"Hay gente que erradicó y se está muriendo
de hambre porque no ha logrado entrar al programa, mientras
que un policía y su mujer, que también es empleada,
están recibiendo subsidio usando la finca del suegro",
cuenta.
Hubo gente, admiten en el Gobierno, que parceló fincas
y le ofreció a cada campesino una hectárea en
préstamo para obtener una comisión del dinero
que le entregaba el Estado. Y no faltó quien cobró
plata por conseguir cupos en el programa.
Sanciones por estas y otras razones dejaron en 3.406 las
3.908 familias inscritas al comienzo en Orito.
Ahora que la lista está depurada, los líderes
de la erradicación esperan que las avionetas de fumigación
no vuelvan a aparecer en el cielo.
Solo así podrán mantener vivos a los guardabosques,
que ya ven pelechar cedros y granadillos en donde antes crecía
la coca que los hacía campesinos ilegales.
'Levantaremos carta geográfica'
La denuncias sobre fumigación de los cultivos que
remplazaron la coca en Orito, pero también en San Miguel
y Puerto Asís (Putumayo), fueron hechas la semana pasada
en el Congreso por el diputado de ese departamento Eder Jair
Sánchez Zambrano y el sacerdote Campo Elías
de la Cruz.
"Esta fumigación tocó proyectos productivos,
proyectos de esperanza con los que muchos le apostaron a una
nueva vida.
"Es posible que se hayan equivocado las avionetas, como
en anteriores ocasiones, cuando las disculpas eran que el
vecino tenía coca o que el campesino intercalaba la
coca con cultivos de pancoger, pero esta erradicación
fue verificada por la ONU", dijeron.
Eugenia Victoria Restrepo, directora del Programa de Desarrollo
Alternativo, asegura que justo hace algunos días se
acordó con la Policía Antinarcóticos
el levantamiento de una carta geográfica que debe indicar
dónde están los guardabosques y los cultivos
alternativos para evitar que las avionetas vuelvan a fumigar
allí.
La idea es lograr una completa coordinación entre
las autoridades encargadas de los proyectos alternativos y
las encargadas de las fumigaciones.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora Nocturna
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