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Bogotá / EFE
El Gobierno, congresistas y varios abogados denunciaron presiones
de grupos de narcotraficantes y rebeldes para deslegitimar
la extradición de nacionales a Estados Unidos, que
ha probado ser una herramienta eficaz contra el narcotráfico.
La entrega de acusados solicitados por tribunales de EU se
convirtió en uno de los escollos de las negociaciones
de paz que desde diciembre de 2002 celebran delegados del
gobierno con el grupo paramilitar Auc.
El Congreso tramita una polémica ley de penas alternativas
para quienes entreguen las armas -principalmente los paramilitares-
y algunos congresistas propusieron incluir en ella lo referente
a la extradición.
El jefe político de las Auc, Carlos Castaño,
y el responsable militar, Salvatore Mancuso, son reclamados
por EU, que tiene a esa organización en su lista de
grupos considerados terroristas y que acusa a los paramilitares
de financiarse con el narcotráfico. Castaño
y Mancuso han pedido excluir la posibilidad de ser extraditados.
En medio de la controversia, un grupo de congresistas anunció
que uno de ellos se trasladaría viernes, a la prisión
de Cómbita, Boyacá, para verificar denuncias
de más de cien "extraditables" presos sobre
supuesta falta de garantías procesales por parte de
la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el congresista Jaime Durán, miembro de
la Comisión de Acusación de la Cámara
de Representantes, declaró a la prensa que considera
que no hay "garantías" para ir a dicha cárcel
de alta seguridad.
"Aquí las altas autoridades del Poder Ejecutivo
y del Poder Judicial manifestaron cosas que no tienen que
ver con lo que yo voy a desarrollar", expresó
Durán y acusó a sus críticos de "pecar
de ignorantes".
Otro integrante de la Comisión de Acusación,
Guillermo Rivera, afirmó que las críticas son
"equivocadas y extremas".
La extradición de nacionales, que demostró
ser en la década de los 80 la herramienta más
temida por los narcotraficantes, quedó abolida en la
Constitución colombiana en 1991 por presiones de la
mafia, pero se reactivó en 1997 y en los últimos
dos años se han aprobado 124 entregas a EU.
El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, reiteró
en un debate parlamentario que terminó a medianoche,
que la extradición es "inamovible. Queda muy claro.
Se trata de un sistema de cooperación internacional".
Pretelt explicó que para extraditar nacionales "hay
una serie de requisitos" y el gobierno decide los casos
"una vez son confirmados por la Corte Suprema de Justicia".
Entretanto, el abogado Rafael Nieto Loaiza, hasta hace pocos
días viceministro de Justicia, afirmó que las
críticas contra la extradición son parte de
un "ataque sistemático" del que acusó
a "una coalición de narcotraficantes, paramilitares,
y guerrilleros".
"Es inconveniente que congresistas se reúnan
con narcotraficantes o con sus abogados", advirtió
Nieto Loaiza y dijo que "la extradición es una
herramienta fundamental que se debe preservar a toda costa".
Denunció que hay personas "asustadas" de
que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela,
jefes del disuelto cartel de Cali que están detenidos
y a la espera de su posible entrega a EU, "en caso de
ser extraditados puedan abrir su boca y contar sus alianzas".
El abogado José Strusberg, defensor de algunos extraditables,
dijo que los detenidos reclaman "el debido proceso y
el derecho a la defensa", y denunció que "los
tratan como a unos leprosos, los aislan de la sociedad".
Para combatir las extradiciones, los traficantes crearon
hace casi veinte años el grupo "Los Extraditables",
que cometió decenas de secuestros, atentados y asesinatos
en la época conocida como "narcoterrorismo",
con el lema de que "preferimos una tumba en Colombia
a un calabozo en EU".
La semana pasada se divulgó un comunicado del grupo
"Colombianos Perseguidos por los Gringos" (Copergrin),
que rechazó la extradición y denunció
violaciones a los derechos de los procesados, lo que hizo
recordar aquella época sangrienta promovida por Pablo
Escobar, jefe del cartel de Medellín, abatido por la
Policía en 1993.
El presidente de la Corte Suprema, Silvio Fernando Trejos,
calificó como "preocupante" las denuncias
y no descartó que sea una forma de "interferir"
los trámites de extradición.
Trejos manifestó que ese tribunal "se ciñe
a los trámites de extradición y particularmente,
en todos los puntos, a los tratados bilaterales de la materia".
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