El acuerdo es liderado por el zar de las esmeraldas, Víctor
Carranza, e involucra recursos del Gobierno, comerciantes
y ganaderos, así como de las alcaldías de Muzo,
Otanche y Coscuez, entre otras.
A sus 63 años, el polémico Carranza -hoy libre,
tras permanecer dos años en prisión sindicado
de paramilitarismo-, declara esta nueva guerra contra
el narcotráfico.
Dice que "la coca se acaba o se acaba" y planea
sustituir coca por 90 mil hectáreas de cacao y maíz.
También se compromete a frenar el ingreso de 'paras'
y de narcos.
Ya a mediados de los 90, y tras poner decenas de muertos,
logró replegar el poder militar que el narcotraficante
Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano', estaba extendiendo,
para anexar la zona esmeraldífera de Boyacá
en su fortín privado.
Ahora, la nueva batalla es contra los cultivos de coca que
comenzaron a invadir los campos de los 11 municipios del occidente
boyacense y que están a punto de convertir esta zona
en blanco de fumigaciones y de acciones militares para contrarrestar
la llegada del narcotráfico.
"No sabemos si hay 100 o 200 hectáreas de coca,
lo cierto es que ya llegó a esta región, y como
tenemos el espejo de los estragos que ha causado en varias
regiones del país, no estamos dispuestos a permitir
que acabe con nuestra tierra", dice Carranza.
Voceros de las alcaldías de la zona, el gobierno
Nacional y la Iglesia Católica se hicieron presentes
en una reunión que buscaba afinar los instrumentos
legales y logísticos para echar a andar el programa
de sustitución.
A la reunión -registrada el pasado 16 de mayo en
Chiquinquirá y en la que EL TIEMPO estuvo presente-
también asistieron representantes de los campesinos
de la zona.
"Ya hemos recorrido los campos y la gente es consciente
de que hay que acabar con la coca sembrada y no permitir que
se extiendan más los cultivos de esta hoja", añade
el obispo de Chiquinquirá, monseñor Héctor
Gutiérrez Pabón, otro de los líderes
del naciente proyecto de sustitución de cultivos.
El plan -del cual participan, además, el Ministerio
de Agricultura y el Banco Agrario- busca poner en marcha una
cadena productiva que permita responder la pregunta más
insistente de los más de 100 mil campesinos de la zona:
"¿De qué vamos a vivir?".
Este temor de los labriegos nace en los controvertidos resultados
que han alcanzado programas similares ejecutados por comunidades
indígenas en los departamentos de Putumayo y Cauca.
ANÁLISIS DEL TERRENO
No obstante, lo que se pretende con el encuentro de hoy
en Chiquinquirá, es despejar estos temores y sentar
las bases para sustituir, inicialmente, la coca por maíz.
A largo plazo, sin embargo, el propósito es sembrar
un producto que se adapte plenamente a ese territorio y tenga
amplia demanda nacional e internacional.
El producto seleccionado fue el cacao y la decisión
se fundamentó en análisis de tierra y clima
hechos por expertos.
En ellos se señala que al menos 90 mil hectáreas
de esa zona boyacense son aptas para plantar este producto
que tiene salida garantizada en los mercados nacionales e
internacionales.
"El propósito final -dice monseñor Gutiérrez
Pabón- será demostrar que sí se puede
hacer un plan de sustitución serio y efectivo".
LA PLATA
La financiación del programa saldrá de una
bolsa común con aportes de las administraciones locales,
del Gobierno Nacional -a través del Ministerio de Agricultura,
Banco Agrario e incluso Plan Colombia- y de recursos de los
propios hacendados y esmeralderos de la región.
Los montos de los aportes se darán a conocer en la
reunión de hoy.
"Con estos productos saldremos adelante", dicen
Carranza y los demás líderes de la zona.
Los emisarios del Gobierno también creen que esa
es la solución, pero advierten que todo debe estar
enmarcado en la mayor legitimidad y en un creciente fortalecimiento
institucional.
ORDEN PUBLICO
Para lograr esa legitimidad, el reto es el del manejo del
orden público, contaminado con la presencia de miembros
de organizaciones de narcotraficantes, cuyas cabezas aún
no han sido identificadas.
De ahí que a la par con la estrategia de sustitución
de cultivos, la fuerza pública y los esmeralderos trabajarán
para impedir que la coca y la creciente presencia de foráneos,
incluidos paramilitares del Urabá antioqueño
que han llegado a la región, pongan en peligro el proyecto
y la paz que se pactó en la región hace ya 14
años.
Antes de 1990, las 'vendettas' entre esmeralderos de la
región cobraron la vida de más de 3.500 personas.
Otra estrategia para fortalecer dicho pacto de paz y evitar
que el pulso por el poder territorial haga brotar de nuevo
la violencia fue presentada esta semana al Gobierno.
Los esmeralderos propusieron distribuir la región
de manera equitativa para que no sea una sino 18 empresas
las que exploten la producción.
"Así se evitarán dificultades y se generará
mucho más empleo. De esa manera, la coca se acaba o
se acaba", sentencia Carranza.
CONTRATOS, EN 20 DÍAS
Las divisiones territoriales que se venían presentando
entre los 18 principales esmeralderos del noroccidente de
Boyacá, que explotan las minas del sector, quedaron
zanjadas la semana pasada en un documento firmado por cada
uno de ellos y entregado al Gobierno Nacional.
Poniendo como aval al Gobierno, todos aceptaron hacer una
distribución equitativa de la zona productora de esmeraldas
y cada uno fundar una empresa para así aumentar la
productividad y el empleo.
"En el pasado, algunos funcionarios corruptos de Minercol
-entidad del Ministerio de Minas encargada de fomentar la
explotación de recursos minerales- estaban generando
problemas a la hora de entregar permisos de explotación
de las minas y se demoraban hasta 7 años para expedirlos.
Pero con el nuevo Gobierno, todo cambió y estas vueltas
se hacen en pocos meses", dijo Carranza.
Otros líderes esmeralderos, como Horacio Triana,
consideran que el pacto garantiza la solidez del proceso de
paz firmado hace 14 años y une al occidente boyacense
para luchar unido contra causas como la violencia y el narcotráfico.
"Todo indica que en 20 días tendremos los contratos
para arrancar a trabajar en forma".
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