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Se evalúa si el ex director de la Policía actuó
adecuadamente o si pudo existir omisión o retardo en
dar curso a las investigaciones.
Por el caso de la devolución de cargamentos de cocaína
en el Atlántico, en donde de acuerdo con indagaciones
internas de la Policía Nacional están involucrados
integrantes del Gaula, la Sijín y la Policía
de Carreteras, la Fiscalía mantiene detenidos a poco
más de diez policías.
Las investigaciones -sostiene la providencia del Ministerio
Público- indican que "los oficiales Campo, y el
coronel Luis Gabriel Estupiñán -entonces comandante
de la Policía Atlántico-, pese a tener conocimiento
de los hechos con anticipación, habrían omitido
adelantar a tiempo las diligencias necesarias para denunciar
e investigar internamente las irregularidades presentadas
por unidades del Gaula y la Sijín".
Agrega que unidades de esos organismos, al parecer, "decomisaron
tres toneladas de cocaína y negociaron directamente
con sus transportadores su devolución".
La investigación de la Procuraduría también
cobija al general retirado del Ejército Gabriel Díaz
y a los oficiales de la Policía coronel Juan Jesús
Rodríguez Pinzón, al comandante Jesús
Alberto Lizarazo Vásquez, al teniente Carlos Humberto
Almanza Peñuela y 21 uniformados más.
Sobre el caso del general Díaz la providencia sostiene:
"habría omitido informar oportunamente al Presidente
de la República y a la Ministra de Defensa los posibles
delitos ocurridos en Barranquilla en agosto de 2002, pese
a haber obtenido información desde ese mismo año
por parte de dos informantes de la DEA".
Una de las bases de la indagación contra los uniformados
está prevista en el artículo 48, numeral cuarto
del Código Único Disciplinario, que califica
como falta gravísima:
"Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación
de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas
cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar
la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos,
preterintencionales o culposos investigables de oficio de
que tenga conocimiento en razón del cargo o función".
La Procuraduría pretende establecer en detalle las
decisiones adoptadas por Campo desde el momento en que la
Policía conoció sobre presuntas actuaciones
dolosas de sus miembros, y la iniciación de investigaciones
formales, en julio de este año.
De igual forma, estableció EL TIEMPO, el Ministerio
Público desea conocer las razones por las cuales el
general retirado mantuvo en su cargo al coronel Estupiñán,
en la comandancia del Atlántico.
De igual forma la investigación tratará de
determinar si los integrantes de la Policía Atlántico,
además de devolver la droga, también estarían
involucrados en la desaparición y muerte de informantes
de la DEA que trabajaban en el caso.
Los hechos
Los informes de contrainteligencia de la propia la Policía
revelan que 18 días después de que se le devolvió
a la mafia el cargamento de coca incautado en Barranquilla
la institución tuvo por primera vez indicios de lo
ocurrido.
En un informe del 10 de septiembre del 2002, de tres páginas
y con el rótulo de secreto, Asuntos Internos narra
la participación en el ilícito de los policías
que hoy son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría.
"(...) adelantadas las respectivas labores de inteligencia
se ha podido establecer que para el día 23-08-02, siendo
las 20 horas, un personal adscrito al Gaula incautó
3.000 kilos de cocaína... por 1.800 millones de pesos
se devolvió la droga...". El documento de la Sipol-DEATA
se le entregó al coronel coronel Estupiñán.
Tres meses más tarde, el 9 de diciembre del 2002,
Contrainteligencia produjo un segundo informe secreto de dos
páginas. Este confirmó la información
consignada en el primero y agregó nuevas evidencias
sobre la cadena de ilícitos que venían cometiendo
miembros de la Policía Atlántico.
Incluso el documento revela que en ese momento la Policía
ya contaba, al menos, con el testimonio de uno de los uniformados
que había participado del delito.
El primero de mayo del 2003, Inteligencia elaboró
otro documento que narra los pormenores sobre cómo,
en la tarde del 22 de febrero, la Policía de Carreteras
incautó 1.270 kilos de droga, en zona rural de Tubará
(Atlántico), y los devolvió a los narcos por
1.300 millones de pesos.
En criterio de la Procuraduría debe establecerse por
qué transcurrieron antes varios meses antes de que
se produjera el retiro de personal de la institución
y de que se oficializaran las indagaciones.
Solo el pasado 7 de julio, después de estallar el
escándalo, la Policía puso en conocimiento de
la Fiscalía los ilícitos que conocía
desde hacía casi un año.
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