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Si es alarmante que el narcotráfico posea casi la mitad de las mejores
tierras del país, lo es aún más la razón
por la cual lo ha podido hacer tan tranquilamente.
La Contraloría General de la República reveló
en días pasados que más del 40 por ciento de
las tierras fértiles del país -cuatro millones
de hectáreas- han sido adquiridas con dineros provenientes
del narcotráfico.
Podría parecer otra de sus rutinarias y ruidosas denuncias,
pero en este caso se trata de un diagnóstico real.
De una realidad que, además de ignominiosa, pone en
evidencia una asombrosa laxitud y miopía del Estado
colombiano. Esta masiva adquisición de tierras con
dineros criminales, ayudados por sus brazos armados, ha estado
acompañada del desplazamiento forzado de cientos de
miles de campesinos.
En Colombia, entre 1984 y 1996, las fincas de más
de 500 hectáreas duplicaron su superficie de 11 a 22,6
millones de hectáreas, en tanto que las menores de
5 hectáreas se redujeron sensiblemente, de 3,4 millones
en 1985 a 2,2 millones de hectáreas en el 2001. Si
se piensa que en los últimos diez años se ha
despojado a campesinos que trabajaban su tierra (en Córdoba,
Antioquia o el Tolima, por ejemplo) de una superficie parecida
a la que les quitó hace medio siglo la violencia liberal-conservadora,
sobran motivos para sindicar al Estado por ignorante o inepto.
Por ignorar que el problema agrario está, y ha estado
siempre, en el meollo de nuestro conflicto armado. Por no
entender que la creciente concentración de la tierra
cultivable en manos de 'narcos' y 'paras' solo puede agravar
las contradicciones sociales que alimentan la violencia en
el campo.
La ineptitud del Estado es la de no saber utilizar las herramientas
que ya tiene a la mano para corregir estas aberraciones. Como
la extinción de dominio que hace más de siete
años promulgó como el perfecto instrumento legal
para golpear al enriquecimiento ilícito, confiscar
las propiedades del narcotráfico y propiciar, de entrada,
una radical redistribución de la tierra malhabida en
beneficio del campesinado. Pero en este lapso solo ha expropiado
la ridícula suma de 5.600 hectáreas y lo que
se ha producido es todo lo contrario: una siniestra contrarreforma
agraria, que es caldo de cultivo para una guerrilla que históricamente
ha tenido su única base social sólida entre
campesinos pobres y colonos marginados.
La tierra en Colombia, además de concentrada, está
mal utilizada. Solo 7 por ciento de las tierras bien usadas
se destinan a agricultura, mientras las áreas de pasto,
que ocupan casi 42 millones de hectáreas, son más
del doble necesario. Gracias, simplemente, a un sistema de
catastro montado sobre avalúos ridículos e impuestos
regalados, definidos por los concejos locales sujetos a las
presiones de toda índole, que ha convertido al campo
ocioso e improductivo en muy rentable fuente de acumulación
de riqueza. Y la tierra, en una especie de botín de
guerra.
Otra herramienta legal que el Estado no utiliza, propuesta
entre otras en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, es
simple: acercar el avalúo catastral al precio comercial
de la tierra y poner un impuesto que castigue el uso ocioso
del suelo para que, de botín de guerra, la tierra se
convierta en un mercado sano y se racionalice su uso. Esto
toca intereses poderosos: ningún gran propietario -ni
sus amigos en la política- desea pagar lo que debería
por inmensas extensiones desperdiciadas. Pero, por hacerles
el juego a unos pocos (los propietarios de fincas de más
de 500 hectáreas no son más de 12.000), el país
se está privando de una medida que puede desactivar
los problemas estructurales del agro.
Capítulo aparte merecen las denuncias que el 'comandante
Rodrigo', del disidente bloque Metro de las autodefensas,
hizo hace poco a este diario sobre los cientos de miles de
hectáreas que estarían en manos de los jefes
paramilitares que negocian su desmovilización con el
Gobierno. "Si Fidel Castaño se volviera a levantar
de su tumba, volvería a caer en ella al ver que 'Don
Berna', el sucesor de Pablo Escobar, es hoy el dueño
de todas las tierras que él les repartió a los
campesinos", dijo. Elemento importante en las conversaciones
Gobierno-'paras', para determinar cuál es la tierra
que van a devolver en compensación.
El presidente Álvaro Uribe, hombre de campo, podría
ser el primero en abanderar estas propuestas. No sólo
para impedir que la restitución de las tierras expoliadas
por los paramilitares pase de agache en la negociación.
Sino para asestar al narcotráfico un golpe donde más
le duele y cortar de raíz una de las causas estructurales
del conflicto. Para ello no se necesitan más impuestos
extraordinarios ni más y más pie de fuerza.
Tan solo los zamarros en su sitio.
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