Hace varias semanas se realizó
en la sede de la Unesco, en París, el Coloquio sobre
'Cultivos de uso ilícito en la región andina'.
Este fue un espacio propicio para que los países europeos
se cuestionaran sobre las razones que empujan a miles de cultivadores
a sembrar coca y amapola, y sobre por qué las políticas
de erradicación han fracasado. Los organizadores de
dicho evento, el Grupo sobre Actualidad Colombiana, una red
de investigadores adscrita a universidades francesas, hace
un análisis...
Alain Labrousse, especialista
mundial en el tema de las drogas y ex director del Observatorio
Geopolítico de las Drogas durante 10 años, participó
en el Coloquio 'Cultivos de uso ilícito en la región
andina', donde profundizó sobre las relaciones entre
los grupos ilegales armados y el narcotráfico. El experto
editó recientemente el 'Diccionario geopolítico
de las drogas', obra de referencia que da cuenta de las relaciones
entre las drogas y la política externa e interna en
134 países. Olga Lucía González del Grupo
sobre Actualidad Colombiana, GAC, lo entrevistó para
SEMANA.
Olga Lucía González: ¿Cuál
es la particularidad del negocio de las drogas en la Región
Andina frente a otras regiones del mundo?
Alain Labrousse: Veo tres características.
La primera es que una parte de la producción de hoja
de coca es legal: se destina al consumo interno. Es así
en Perú y Bolivia y en las zonas indígenas de
Colombia. Nadie ha causado problemas a los kogui, por ejemplo,
por usar la coca. Esto es excepcional: en ninguna parte del
mundo el opio es legal, su uso es reprimido. Por supuesto,
los productores de hoja de coca juegan con esta variable.
El segundo aspecto tiene que ver con la especialización
de la droga en las organizaciones criminales. La tendencia
mundial es el politráfico. Es el caso en Marruecos,
Afganistán, Pakistán o de la mafia italiana,
de los yakuzas o de la Tríada china. Hay allí
organizaciones especializadas en el tráfico de drogas
pero también de otros productos (armas, personas, etc.).
En Colombia el tráfico de armas de estas organizaciones
es limitado y se destina a cubrir sus actividades ligadas
a la droga. La tendencia en América latina es hacer
el tráfico exclusivo de drogas.
Finalmente, la tercera característica
es la intervención norteamericana. Puede ser que el
asunto de las drogas disimule otras razones, lo cierto es
que es el frente principal de intervención. Excepto
en Afganistán, en ningún otro país hay
una intervención tan fuerte. Incluso allá el
pretexto no es combatir a las drogas, sino a los talibanes.
O.l.G.: ¿Históricamente, cómo
han sido las relaciones de las Farc con la droga?
A.L.: Las Farc han existido durante 15 años
(entre 1964 y 1979) sin tener ninguna relación con
las drogas. Cuando llegó el boom de la coca, en zonas
como el Guaviare y Caquetá, su primera reacción
fue luchar en contra porque decían que era una marca
de la degeneración capitalista. Poco a poco entraron
a proteger a los campesinos de la erradicación, porque
son su base social. Llevaron a cabo una política de
la coca, que consistía en pagarles un precio justo
a los productores y raspachines. Pero rápidamente esto
implicó iniciar una relación con los compradores
y traficantes. Eso los llevó a tener relaciones con
Rodríguez Gacha por los años 1983 y 1984, una
relación conocida y documentada. Pero las Farc no respetaron
a su socio. Lo despreciaron, le robaron la cocaína
y lo pagaron muy caro. Rodríguez Gacha organizó
las segundas milicias paramilitares para expulsar del Magdalena
Medio a las Farc y al Partido Comunista y su base.
Otro elemento en esta relación fue la
séptima conferencia de las Farc, donde se fijaron de
8 a 10 años para tomarse el poder. Para eso necesitaban
recursos. Por esa razón doblaron los frentes en dirección
de las fuentes productivas (como la coca, pero también
el oro y el petróleo). Esta decisión implicó
no asentarse donde había más explotación
de campesinos, sino allí donde había más
riqueza. A partir de ese momento se sigue en esa lógica:
aparece la amapola, que parece ser su mina de oro (en ese
entonces costaba 1.500 dólares el kilogramo, cuando
en Birmania el promedio histórico fue de 30 a 50 dólares
por kilo). Aun así, la heroína colombiana desplazó
la birmana en Estados Unidos. Y existen testimonios que muestran
que las Farc prestaron hombres para sembrar, querían
monopolizar el proceso. Otro indicio de esta implicación
es lo que sucede en 1996, cuando eliminan a los chichipatos
y los reemplazan por sus propios guerrilleros.
Recientemente, el caso de Fernandino sugiere
que las Farc venden cocaína a compradores del exterior
que se desplazan para comprarla. Pero no existen pruebas que
demuestren que posean sus propios laboratorios y que tengan
redes en el exterior. Ahora bien, moralmente no existe diferencia
entre servir de intermediario o producirla ellos mismos. Pero
si hubiera pruebas contundentes, se hubieran difundido.
O.l.G.: ¿Históricamente, cómo
han sido las relaciones de los paramilitares con la droga?
A.L.: Con los paramilitares sucede algo completamente
diferente: siempre han estado ligados a las drogas. Se conocen
dos etapas: la primera, a principios de los años 80,
cuando gente del cartel de Medellín crea el MAS tras
el secuestro de Blanca Nieves Ochoa por el M19.
La segunda, en el Magdalena Medio. En un primer
tiempo los hacendados crearon milicias, luego los narcos entraron
en esas zonas y defendieron sus laboratorios con milicias.
Por cierto que no fue su única función: también
lucharon contra la izquierda. Ni siquiera Carlos Castaño
lo niega: él critica a los que se han dedicado únicamente
a la droga. Ahora bien, pese a una implicación tan
notoria, hubo que esperar hasta 1997 para que eso fuera oficial,
a raíz de una acción policial.
Además hay otro factor, y es que los
paras controlan los puertos de salida con la ayuda del Ejército,
controlando así las redes de exportación. Esto
fue confirmado a principios de 2004, cuando se decomisaron
4 toneladas de cocaína en Calabria que eran de Mancuso.
Los paramilitares sí están involucrados en laboratorios
y redes, sobre esto no hay ninguna duda.
O.l.G.: ¿Existen datos sobre las finanzas
provenientes de la droga obtenidas por estos dos grupos?
A.L.: Hay estimaciones periodísticas,
pues es muy difícil tener criterios científicos.
Se dice que las drogas les generan el 40 por ciento de sus
ingresos a las Farc y el 60% por ciento a los paramilitares.
O.l.G.: ¿Existe un modelo explicativo
de las relaciones entre los grupos armados al margen de la
ley y las drogas?
A.L.: El modelo es el mecanismo descrito para
las Farc y se aplica para otros grupos. En un primer tiempo
defienden al campesinado y sacan un impuesto. Luego obtienen
un impuesto de los laboratorios, del tránsito, de los
traficantes. Finalmente se involucran en la recolección
de materia prima, etc. En América latina, Sendero Luminoso
tuvo más o menos las mismas etapas que las Farc, con
una diferencia: hubo corrupción de líderes de
esta organización que desaparecieron con el dinero.
Lo que demuestra la validez del modelo es el
caso de los talibanes, similar al de las Farc. Hay que anotar
que los paramilitares no entran en el modelo porque son un
grupo de traficantes de droga. El modelo se aplica a grupos
con ideas revolucionarias o nacionalistas. Además hay
que agregar que estas organizaciones penalizan fuertemente
el consumo.
Finalmente, en la mayoría de los países
el financiamiento de las guerrillas se hace a partir del cáñamo,
que no necesita ser procesado. Por esa razón en estos
países (África, Filipinas...) sólo existen
relaciones con los productores y con los comerciantes. Hay
pocos países donde estos grupos participan en la producción,
el tráfico y la exportación (ocurre en Birmania
y en América Latina). El contramodelo serían
los kashin, de Birmania. Son un grupo étnico que al
principio toleró el cultivo, pero se dio cuenta de
que la heroína produjo desastres en su comunidad, hubo
epidemia de heroína y de sida. Empezaron a hacer su
propia política de reducción de superficie y
lo han logrado en gran medida.
O.l.G.: ¿La legalización lograría
el cometido de dejar de hacer rentable el negocio de las drogas?
A.L.: Es evidente que la legalización
dejaría de hacer rentable el negocio de las drogas.
Económicamente no hay discusión: si se legaliza,
se pagaría al precio de un producto agrícola
de exportación, de mayor valor que uno de autoconsumo.
O.l.G.: ¿Cómo se organizaría
el negocio, a sabiendas de que no se puede popularizar su
uso en el Norte?
A.L.: Personas a favor de la legalización,
como Francis Caballero, dicen que debería ser monopolio
del Estado. No se puede bajar el precio tanto que se atraiga
a jóvenes y marginados. Un precio razonable sería
de 10 euros por gramo, mientras que el costo de producción
no llegaría a un centavo de euro. Aun si hubiera un
mercado paralelo, no sería tan rentable.
Las experiencias de otros países dicen
algo: en Bolivia, el mercado ilegal es el que mantiene los
precios del mercado legal. En Turquía existe únicamente
producción legal de amapola. Los campesinos no transforman
la amapola en opio. Tallan las plantas y las envían
a procesar a otra parte, y esto se hace con máquinas.
Los campesinos no participan en la transformación.
En la India existe una producción legal de amapola
y una ilegal. La razón es que se les permitió
a los campesinos rayar la amapola y cosechar opio, por lo
que hay una desviación hacia el mercado ilegal. |
