Olga Lucía González,
miembro del Grupo sobre Actualidad Colombiana, GAC, escribe
un análisis sobre los puntos más importantes
tratados en el Coloquio, en cuanto al negocio de las drogas
y la falta de estudios sobre el problema de la fumigación
de cultivos ilícitos.
En Europa se habla poco de la región andina. Ocasionalmente
llegan despachos de noticias que dan cuenta de decomisos de
extravagantes cargamentos de cocaína, o de la desarticulación
de alguna banda de narcotraficantes. Son episodios recogidos
sin mayor análisis por la prensa, reproducidos por
la gente del común, que sigue homologando a Colombia
con 'cocaína', como hace 20 años. El Coloquio
realizado en la Unesco por el Grupo sobre Actualidad Colombiana,
GAC, se detuvo en los problemas de la región a través
de los cultivos de coca y amapola.
El problema no es la sempiterna 'mala imagen' del país.
El problema es de fondo y es real: pese a los esfuerzos ingentes
de las autoridades por acabar con el negocio, la cocaína
sigue campante por el mundo. Los narcotraficantes han diversificado
sus mercados externos (en Europa ha aumentado el consumo de
cocaína (1), mientras que en Estados
Unidos no ha bajado significativamente el consumo general
de drogas, que concierne a alrededor de 15 millones de usuarios.
Por los lados del consumo no habrá cambios sustanciales.
Por el contrario, el único cambio significativo en
los últimos 20 años ha sido la baja del precio
de venta en las calles. Así las cosas, la demanda seguirá
vigente en los próximos años.
El negocio es muy lucrativo. Parte de las ganancias se explican
por su ilegalidad. La mayor parte de los beneficios quedan
en manos de los intermediarios (traficantes nacionales e internacionales,
tramitadores de la seguridad, lavadores de dólares).
Los investigadores han demostrado que los cultivadores reciben
menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio.
Sin embargo, más allá de la dimensión
económica hay un problema social: la coca y la amapola
les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores
ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas
de colonización, la coca es uno de los pocos productos
que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.
Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar
este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo
en los países del norte), atacar la cadena del lucro
(desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta
(atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción,
la más simple, es la que ha escogido el gobierno de
Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por
la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez
más, de manera directa, en el conflicto colombiano.
Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la
esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así,
la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia
de seguridad de la región. Les sirve a los sectores
más militarizados de Estados Unidos para justificar
intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los
gobiernos de la región andina para aumentar los rubros
de la ayuda contrainsurgente.
En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia
ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma
que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja
de coca (2). Sin embargo, el número
de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto.
Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región
andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función
de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales.
Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada
sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos
siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay
innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones
de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.
A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos
reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué
es lo que se está fumigando. En el único país
andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes
y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud.
En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado(3)
hace denuncias gravísimas sobre la muerte y las enfermedades
de niños y mujeres de la frontera como consecuencia
de las fumigaciones. En Colombia existen dos estudios que
'lavan' los efectos de las fumigaciones (pero fueron encargados
por la Embajada de Estados Unidos).
Hoy cursa en los tribunales de Colombia una decisión
judicial que pide que no haya fumigaciones hasta tanto no
se demuestre que sus efectos son inocuos. El gobierno hace
caso omiso de esta advertencia y sigue fumigando. Uno de los
argumentos recurrentes es que la producción de pasta
base es más dañina que la fumigación,
pues se vierten al medio ambiente productos tóxicos
para su elaboración. En realidad no sabemos qué
es más nocivo (justamente, porque no hay un estudio
independiente sobre los efectos de la fumigación en
la salud). Yendo más lejos, lo primero no justifica
que se pongan en peligro más vidas. Con una lógica
análoga, uno sostendría que el Estado puede
violar los derechos humanos porque los miembros de la sociedad
están acostumbrados a hacerlo.
Pero en esta escalera de aberraciones hay algo más
grave: no se sabe a ciencia cierta con qué se está
fumigando. Según el Departamento de Estado (4),
se asperja con "agua, una fórmula de glifosato
según registros de la EPA (5), y el
adyuvante Cosmo-Flux 411F". El adyuvante eleva la efectividad
de la mezcla para la erradicación. No se usa en Estados
Unidos. El glifosato se usa en ciertas condiciones en Estados
Unidos. Además de que existen denuncias sobre la manera
como se emplean (altura de vuelo, no discriminación
de pequeños cultivos), existe un gran misterio en torno
a los componentes químicos de estos dos productos.
Sobre la "fórmula de glifosato" que se emplea,
la propia DEA afirma que "su composición química
es propiedad del laboratorio (colombiano), no se dispone públicamente
de ella y el laboratorio no la ha sometido al Departamento
de Estado" (6). Es sospechoso que la
DEA no sepa qué es lo que se fumiga. Y es inadmisible
que no existan estudios independientes sobre sus efectos y
que los médicos no hablen por temor a represalias,
como se rumora. El gobierno colombiano debe permitir que se
realice un estudio independiente con un equipo internacional
de médicos y científicos para despejar todas
estas dudas.
La región andina seguirá viviendo con los problemas
generados por el tráfico de cocaína por un buen
lapso. Ya es hora de aceptar que tal como está diseñada,
la guerra antidrogas es inútil. Sería más
demostrativa, por ejemplo, si se combatiera a traficantes
y lavadores, fortaleciendo de paso el sistema judicial colombiano.
Por el contrario, en su ataque a los cultivadores el gobierno
anula la posibilidad de incluir a los campesinos en un proyecto
de ciudadanía y genera desconfianza con respecto a
las instituciones.
Las fumigaciones no son un "efecto colateral" de
la guerra antidrogas. Son un efecto directo y sus consecuencias
deben ser analizadas. La triste recordación del agente
naranja, plebiscitado en su momento, debe rondar por las mentes
de quienes ejecutan hoy las políticas de fumigación.
* Socióloga, candidata a doctorado
de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, miembro
del Grupo sobre actualidad colombiana, GAC, que organizó
el Coloquio en la Unesco. www.gac.msh-paris.fr
(1) Cf: http://annualreport.emcdda.eu.int/es
(2) Datos del mayor Juan Carlos Buitrago,
de Europol, en el Coloquio sobre cultivos de uso ilícito
del 28 de mayo del 2004.
(3)De Acción Ecológica. http://www.accionecologica.org/
(4) Cf : http://www.state.gov/g/inl/rls/rpt/14564.htm
(5) Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés.
(6) http://www.state.gov/g/inl/rls/rpt/aeicc/13234.htm
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