Las autoridades colombianas podrán empezar a hacerlo con los
recursos que lleguen en el 2004 para la erradicación de cultivos ilícitos.
Así quedó contemplado en la “conciliación” entre la Cámara
y Senado sobre el presupuesto para las Operaciones Extranjeras 2004, el vehículo
legislativo donde viajan la mayoría de los recursos que E.U. suministrará a
Colombia para lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Los parques nacionales naturales en Colombia ocupan algo más
de 10 millones de hectáreas consideradas como el segundo lugar en el mundo con
mayor riqueza en biodiversidad del planeta, después de Brasil.
El proyecto, que ya es definitivo, será aprobado este lunes
en las plenarias de la Cámara y el Senado en votaciones protocolarias y enviado
luego a la Casa Blanca para la sanción presidencial.
Las fuentes consultadas por eltiempo.com coincidieron en
afirmar que Colombia se vería expuesta a una fuerte presión internacional, ya
que una decisión de esta trascendecia es inédita en el mundo.
El ex ministro Juan Mayr, quien estuvo al frente de la
cartera de Medio Ambiente durante los cuatro años del gobierno anterior, dijo
que "esta es una de las situaciones más graves que le pueda pasar al tema
ambiental en el país, un atentado contra el patrimonio colectivo de los
colombianos". Ello, según el reconocido ambientalista, "confirma que
el tema carece de interés dentro de la política oficial".
"Esto requerirá de estudios y evaluaciones muy
completas antes de emprender cualquier acción. E igual, el tema puede llegar a
la Corte porque los parques nacionales, según la Constitución, son bienes
inembargables, imprescriptibles e inmodificables, patrimonio de todos los
colombianos".
Y es aquí, según Mayr, donde se le medirá la efectividad
al Ministerio del Medio Ambiente, " para determinar cuáles son los temas
realmente sensibles para este gobierno y si la nueva ministra (Sandra Suárez)
va a permitir que se fumigue en los parques en lugar de buscar otra forma de
erradicación".
"En épocas anteriores el Minambiente libró y ganó
grandes batallas contra las fumigaciones, por ejemplo con Tebuthiurón, y ahora
no puede hacer menos", puntualizó.
Por su parte Carlos Castaño Uribe, quien fue director de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales durante 14 años y actualmente se desempeña
como consultor de la organización Conservation International (CI), dijo que a
estos recursos se les podría sacar un mejor provecho invirtiéndolos de otra
manera.
"No tengo ahora cifras actualizadas, pero en la época
en la que estuve al frente de Parques Nacionales, todas las presiones siempre
fueron manejadas de común acuerdo con el ministro de turno para buscar
alternativas diferentes. Al país le ha costado mucho esfuerzo mantener al
margen las áreas protegidas, porque son el banco genético de la Nación. La
biodiversidad más rica del planeta no podría afectarse de esa manera".
Camilo González Posso, ex ministro de Salud y actual
director de la ONG Indepaz, dijo que el impacto ambiental sería tremendamente
negativo, al igual que sobre las condiciones de bienestrar para la población.
“Es cierto que el uso de químicos en el procesamiento de
la pasta de coca es tremendamente dañino, pero eso no es argumento para que
haya que echarle gasolina al incendio”, dijo al refutar a quienes apoyan las
fumigaciones como tabla de salvación contra el deterioro ambiental que causa la
producción de drogas ilícitas.
Asimismo, señaló que “está demostrado por los propios
protocolos y las informaciones de Estados Unidos que esta sustancia produce daño
a la biodiversidad, a los cuerpos de agua. Y no hay la menor duda sobre las
grandes dificultades técnicas para impedir su impacto”.
Una fuente próxima al Gobierno, vinculada con el sector
ambiental y que prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato, dijo que la
decisión del Congreso de E.U. “era lo último que nos faltaba de una politica
agresiva de fumigación de cultivos”.
Recordó que los parques son “zonas de altísima
sensibilidad ambiental, como el área de la reserva de La Macarena en donde hay
cultivos ilícitos, pero también una gran agrodiversidad que se puede ver
afectada”.
Asimismo, dijo que con la medida “persiste el paradigma de
reducción de las siembras como si eso fuera equivalente a hablar de un
debilitamiento del narcotráfico. La reducción de cultivos no lleva a una
reducción de la oferta de drogas en el mundo”.
Finalmente, señaló que de ponerse en marcha la fumigación
de los parques naturales, el Ministerio de Medio Ambiente pierde la función de
control en este tipo de casos. “El Ministerio y la política ambiental se
sustraen de cualquier político de drogas”, dijo.
José Soria, secretario general de la Organización de
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, dijo que “no se debe cometer
ese tipo de atropellos, sobre todo donde hay grandes reservas de fauna y flora y
además son puntos estratégicos”.
Reveló que hace dos semanas las autoridades indígenas y el
Gobierno llegaron a un acuerdo para no fumigar en zonas de reserva indígena. La
reunión se llevó a cabo con el viceministro de Justicia y del Interior, Juan
Carlos Vives Menotti.
A su turno, Julio César Estrada, presidente de la misma
organización indígena, indicó que la semana pasada el Director Nacional de
Parques Nacionales, Juan Carlos Riascos, le aseguró que el tema estaba
liquidado porque en el Congreso de Estados Unidos había una fuerte oposición.
Señaló que de fumigarse los parques naturales, “sería
gravísimo, además porque hay mucho territorio indígena allí”.
“Nos preocupa que el Gobierno se contradiga. Que nos
prometa una cosa y después haga otra”, concluyó.
Justamente, la Unidad de Parques Nacionales declinó
referirse al tema pues aclaró que la única posición oficial sobre el mismo
debe provenir del Ministerio del Medio Ambiente, que, a su vez, atendió la
recomendación de una directiva presidencial en el sentido de "evitar al máximo
dar declaraciones sobre temas sensibles".
La medida en el Congreso estadounidense se tomó tras varias
semanas de intenso debate. Aún así, antes de poder hacerlo, el secretario de
Estado, Colin Powell, deberá corroborar ante el Congreso que dicha fumigación
es permitida por la ley colombiana y que, en cualquier caso, la aspersión de químicos
es la única alternativa para controlar el brote de cultivos ilegales en estas
zonas.
“Que los fondos que se apropian en este acto pueden ser
usado para fumigar aéreamente en parques y reservas naturales en Colombia, si
el Secretario de Estado determina que esto es hecho acorde a las leyes
colombianas y que no hay otras medidas alterativas efectivas para reducir los
cultivos de drogas en estas áreas”, dice el texto del proyecto de ley.
González Posso señaló que “está demostrado que existen
procedimientos alternativos y que no están usados eficientemente”. Dice que
“la política de interdicción tiene un balance es muy pobre, al igual que la
persecución a los precursos y al lavado de activos”.
Reversazo
Hace poco menos de un mes, el Senado, en su versión del
Presupuesto para las Operaciones Extranjeras, había prohibido el uso de fondos
de E.U. para fumigar en Parques Nacionales.
La oficina del Senador Patrick Leahy, demócrata de más alto
rango en la Comisión de Apropiaciones, decidió incluir esta prohibición,
luego de conocer que el gobierno colombiano había autorizado, por primera vez
en lo que va de la lucha contra las drogas, la fumigación en estas zonas del país.
Leahy se refería a la Resolución 0013 del Consejo
Nacional de Estupefacientes del pasado 27 de junio. En ella, el gobierno abría
la puerta a la fumigación aérea en parques aunque dejaba claro que primero se
explorarían otras alternativas.
“Teniendo en cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos
al interior de estas zonas, lo que atenta contra su conservación y
sostenimiento, se autoriza la aplicación del Programa de Erradicación de
Cultivos con el herbicida Glifosato (PECIG) en las mismas, previa
presentación al Consejo Nacional de Estupefacientes de la caracterización
ambiental y social de las áreas a asperjar”, decía la resolución en su
segundo Parágrafo. La 0013 fue avalada también por el Procurador Edgardo Maya
y su concepto incluido en el Plan de Manejo Ambiental que fue presentado
recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente.
Se violarían tratados
internacionales
Una fuente allegada a la normatividad ambiental aseguró que
esta resolución no tiene validez, ya que la autoridad ambiental es el
Ministerio y lo que guía esta actividad es el Plan de Manejo Ambiental, que
prohíbe expresamente fumigar en Parques Nacionales y resguardos.
La misma fuente dijo que si Colombia llega a fumigar las
zonas de parques, violaría disposiciones y tratados internacionales ambientales
como:
Convenio de Biodiversidad, ratificado por Colombia mediante
la Ley 162 de 1994. Protege básicamente toda la diversidad, particularmente de
aquellos países –como Colombia- en donde hay una gran riqueza en fauna y
flora.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que protege la identidad e integridad de los pueblos indígenas. Como
varias comunidades indígenas tienen sus territorios dentro o en los alrededores
de los parques, se estaría transgrediendo esta norma.
Todo lo acordado en la Cumbre de Río, de 1992, que está
contemplado en la Ley 99 de 1993.
Además, entre varios convenios, el de Ramsar, que protege
los humedales. Y aquellos convenios que tienen que ver con la preservación
reservas y bosques.
Los analistas aseguran que la Amazonía y la Sierra Nevada de
Santa Marta serán los primeros blancos de las fumigaciones, en donde las
comunidades indígenas son las más afectadas.
La justificación, según el Gobierno, estaba en que por lo
menos 15 mil hectáreas de coca se encontraban “escondidas” en los parques.
Palabras más palabras menos, los parques se estaban convirtiendo en la “última
frontera” del narcotráfico en vista de que el gobierno, por consideraciones
ecológicas y jurídicas, los evitaba a la hora de fumigar.
La prohibición incluida por el Senado de E.U. (más no por
la Cámara) evitaba llevar acabo dichos planes y como consecuencia desató una
verdadera batalla campal.
Iniciativa colombiana
Una fuente ambiental en Bogotá, que prefirió la reserva de
su nombre, indicó que el viraje dado por el Congreso de Estados Unidos se dio
también “por las señales emitidas por el Gobierno colombiano y por el ex
ministro (Fernando) Londoño quien llegó a decir que no habría áreas excentas
a la fumigación de cultivos ilicitos”.
Para el Departamento de Estado, los republicanos en el
Congreso y el gobierno nacional la medida, antes que proteger a los parques como
era su intención acabaría por destruirlos.
“Impedir la fumigación en parques se traducirá en una
proliferación brutal de los narcocultivos en estas zonas”, dijo en su momento
a EL TIEMPO el vice ministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza. Para este, además,
guerrillas y autodefensas -de por si muy involucradas en el negocio del narcotráfico-,
aprovecharían la ausencia del Estado para concentrar allí sus centros de
operación.
Finalmente, fue este el argumento que terminó imponiéndose
cuando los legisladores de ambas Cámaras entraron en el proceso de conciliación.
Aún así, la ley tiene su “cáscara” pues exige que se
demuestre que no hay otra alternativa, algo que sin duda generará debate ya que
opciones como la erradicación manual o el uso de la fuerza pública para
desalojar los predios siempre son opciones.
En ley que será aprobada este lunes también se incluyen
otras medidas que afectan la fumigación en Colombia, aunque estás ya se
aplican desde años anteriores.
En principio, solo el 20 por ciento de los recursos
destinados para la compra de químicos usados en la aspersión (mezcal de
glifosato) podrán ser usados hasta el secretario de Estado no certifique que la
mezcla utilizada responde a los mismos estándares que la Agencia para la
Protección del Medio Ambiente (EPA) impone para su uso en E.U. y que su forma
de empleo no plantea “peligros razonables ni para personas ni para el medio
ambiente”.
También que ningún fondo de E.U. se podrá usar hasta que
se certifique que se está compensado con justicia a todo aquel que demuestre ha
sido afectado por la fumigación o hasta que se demuestre que se están
implementando programas que ofrezcan alternativas diferentes a la siembra de
coca en las zonas que se están fumigando.
La ley, a su vez, otorga 2.5 millones de dólares para al
Servicio de Parques Nacionales, que se invertirán en entrenamiento y equipos.
Con información de Sergio Gómez, corresponsal de EL TIEMPO
en Washington, y de la redacción de eltiempo.com.