La primera especialista, Kimberley Stanton, es politóloga, subdirectora del WOLA, Washington Office on Latin America, especialista de la política exterior de su país. Su ponencia trató sobre “La política exterior de Estados Unidos frente a los cultivos de uso ilícito en la región andina”. En su presentación, Kimberley Stanton recordó que la “guerra contra las drogas” apareció como doctrina de la política exterior en 1968, y que los programas de ayuda antidrogas de los Estados Unidos empezaron en los años 70 y se reforzaron en los años 80. Ya en 1988 había unas 200.000 hectáreas sembradas con coca en la región. A lo largo de los últimos 15 años, grosso modo se ha mantenido esta cifra, aunque la disposición de los países que siembran ha variado.

Esta situación sigue así pese al aumento significativo de los paquetes de ayuda de Estados Unidos, que han estado especialmente enfocados hacia Colombia. Esta ayuda está dirigida primordialmente hacia las fuerzas armadas. Hasta el 11 de septiembre, se evitaba canalizar estos rubros en asuntos de contra-insurgencia, pero desde esa fecha la situación ha cambiado. Estas orientaciones son realizadas por el Departamento de Defensa, antes que por el Departamento de Estado. El presidente Uribe ha abrazado esta ayuda para sus propósitos contrainsurgentes. En los últimos meses, ha habido una ligera disminución en el número de hectáreas sembradas de coca en Colombia, como resultado de la fumigación. Sin embargo, Kimberley Stanton sostiene que la experiencia histórica, así como la no incidencia de esta disminución en los precios de la cocaína en Estados Unidos, y la aparición de nuevos cultivos, hace presagiar que la tendencia a las 200.000 hectáreas cultivadas se mantendrá.

En segundo lugar intervino Francisco Thoumi, economista, actual director del Observatorio sobre el crimen y las drogas de la Universidad del Rosario de Bogotá. En su exposición, Francisco Thoumi comenzó por aclarar las premisas del problema: anotó que existen pocos conocimientos sobre los efectos reales de las drogas, o sobre la potencialidad de su consumo en sociedades vulnerables. Tampoco hay consenso desde el punto de vista ético sobre el uso de las drogas. Recordó que el mundo es prohibicionista desde hace muchos años, como lo estipulan antiguas convenciones. El problema es complejo.

Pese a esto, las soluciones son simples y están llamadas al fracaso. Tanto en los Estados Unidos como en los países andinos se invocan argumentos exculpatorios: la responsabilidad se focaliza en el otro. Así, se afirma que el mercado de las drogas enriquece a los Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, esto no tiene sustento. En Estados Unidos dice que el problema es de oferta, porque siempre debe haber un enemigo externo. Estas condiciones dificultan el diálogo. En realidad, muchas veces cuando hablamos de drogas, no estamos hablando de drogas. Se expresan otros conflictos (puritanismo norteamericano vs. pragmatismo europeo; puritanismo norteamericano vs. anomia latinoamericana; expresión de las desigualdades sociales).

En los años 70, Colombia entra en escena. Las políticas han sido de garrote y zanahoria, (estos últimos están representados en los cultivos de desarrollo alternativo), pero son políticas que no se pueden evaluar, porque su fundamento es moralista. Lo único que se puede evaluar es el número de hectáreas fumigadas. Lo cierto es que los precios de la cocaína no han subido en Estados Unidos. Hacia finales de los 90, se produce el doble de cocaína que anteriormente, porque la productividad por hectárea ha aumentado. Hoy, la situación es mucho más compleja políticamente y se han internacionalizado los conflictos internos, pese a que el porcentaje de ganancia generado por la coca en los PIB nacionales son mucho menores que en el pasado.

En tercer lugar intervino Alain Labrousse. Sociólogo, autor de amplias investigaciones en los Andes, África del Norte y Afganistán, Labrousse expuso sobre “Grupos armados y tráfico de drogas en América latina”. Recordó que la coca es usada en América latina hace 2500 años, aunque ya en la época incaica las clases militar y sacerdotal intentaron monopolizar su uso.

La particularidad del comercio de las drogas es su enorme valor económico después de varias etapas de transformación. Esto explica en parte la implicación de los grupos armados al margen de la ley. Las Farc existen desde antes del auge del narcotráfico. Sin embargo, desde los años 70 estuvieron enfrentadas al dilema de participar o no en el tráfico. Su opción fue entonces cobrar un impuesto a los campesinos por su cosecha y a los comerciantes por la compra. En su discurso, las Farc insisten aún en que los campesinos siembran coca porque es el único producto que les permite sobrevivir y abjuran de cualquier relación de su organización con el narcotráfico. Los paramilitares, por su parte, siempre han tenido lazos con la droga, como se evidencia desde la creación del MAS hasta las declaraciones de Carlos Castaño. Pese a esto, sólo en 1997 las autoridades colombianas reconocieron los lazos de los parmilitares con el narcotráfico.

A continuación, el profesor Labrousse especificó la evolución de la relación entre las Farc y la droga. Acorde con las declaraciones de la 7 Conferencia nacional de la organización en 1982, hay un cambio en la relación. Algunos frentes en zonas estratégicas controlan zonas de producción, otros se implican en la producción de la amapola. A finales de los 90 son eliminados agentes intermediarios que compran y venden la cocaína. Pese a esta utilización de los recursos de la droga, las Farc siguen teniendo un enfoque social del problema de los productores. En un municipio del Caquetá, Cartagena del Chairá, propusieron un ambicioso plan de erradicación que abortó con el final de las negociaciones de paz, en 2002. Paralelamente, los paramilitares realizaron una ofensiva en el sur del país después de la demostración de fuerza de las marchas cocaleras de 1996, en regiones controladas por las Farc. Por esta razón, se han incrementado los enfrentamientos armados por el control de territorios, más allá de las razones de orden ideológico. Es difícil estimar los márgenes de ganancias generadas por la droga a estos dos grupos; algunos cálculos los sitúan en 40% de los ingresos para las Farc y en un monto superior para los paramilitares.

Finalmente, los lazos de las Farc con la economía de la droga han conllevado su pérdida de credibilidad, especialmente en Europa. Su caso ilustra tendencias más generales observadas en guerrillas de otras partes del mundo que han perdido el apoyo exterior para su financiación.