Este panel se constituyó con el objetivo de establecer una relación entre la actual situación de las regiones donde se producen los cultivos de uso ilícito, y la estructura histórica mediante la cual se ha desarrollado el sector agrario de los países de la Región andina. Así mismo, y bajo la misma perspectiva histórica, comprender cual es la situación de los cultivadores de coca, y conocer sus planteamientos y demandas en medio de la profunda crisis social y económica que los aqueja.

En su exposición, Darío Fajardo se refirió a la ausencia de una reforma agraria y de una política coherente que permita confrontar el problema de la concentración de la tierra y la productividad agrícola. Señaló algunos esfuerzos de solución a este problema: la Ley 200 de 1936, que fundamentalmente consistió en un reordenamiento de la propiedad, y la Ley 135 de 1961, presionada por los Estados Unidos en el marco de la Alianza para el progreso; sin embargo estas normas beneficiaron a muy pocos campesinos y sus resultados están lejos de equipararse a los alcances de una verdadera reforma agraria.

Así mismo, destacó cómo en las últimas décadas la indiferencia del Estado con el sector agropecuario en los países de la región se refleja en la ejecución de políticas económicas de corte neoliberal durante la década de los noventa, y más recientemente la implementación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estas medidas se contraponen al desarrollo sostenido de la economía agrícola y a la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de los países en cuestión. La apertura económica impulsó un impresionante ascenso de las importaciones de productos agrícolas que han ido en detrimento de las producciones agrícolas nacionales y entre otras repercusiones ocasionó la disminución en cerca de 800.000 hectáreas de cultivos por el efecto de las importaciones, la desaparición de la agricultura intermedia, el desmantelamiento progresivo de la industria y un aumento del desempleo. Por su parte, frente al TLC las condiciones de debilidad de los bienes agrícolas exportables de la región auguran una intensificación de la crisis.

Por su parte, María Clemencia Ramírez antes de destacar las características del movimiento cocalero en el Putumayo, se refirió a los distintos procesos de colonización que permitieron el poblamiento de las regiones de la amazonía colombiana y destacó la diferencia que existe entre ellos. Las primeras olas de colonización sobre la región del piedemonte amazónico (Guaviare, Putumayo, Caquetá) se remontan a la época de la Violencia, no sin antes destacar la llegada de los primeros pobladores desde finales del siglo XIX durante el auge de la producción del caucho. Destacó también que la ausencia del Estado en estas regiones se puede comprender a partir de la concepción histórica que se ha tenido de este territorio, considerado como un espacio salvaje ajeno a la sociedad y al interés de las élites dominantes y donde habitan seres desarraigados y marginales.

Argumentó que en este proceso, la población ha adquirido una identidad propia asociada al territorio, y demanda no ser estigmatizada y criminalizada al ser vinculada al narcotráfico. A través de la formación de una organización social buscan ser reconocidos como habitantes y ciudadanos colombianos con derechos, que se traducirían en una solución de sus condiciones económicas y sociales. La investigadora destacó también las dificultades por las que atraviesa este movimiento social al encontrarse en medio del conflicto armado colombiano.

Finalmente, Dionisio Núñez realizó una amplia exposición sobre los intereses del movimiento cocalero boliviano, a quien represente en el parlamento del país andino. En primer término hizo referencia a la presencia de la hoja de coca en Bolivia desde hace miles de años y en consecuencia el importante rol que juega en cultura boliviana. Defendió la necesidad de buscar alternativas que permitan la industrialización y productividad de la planta para evitar su utilización en la producción de productos ilícitos.

La decisión del Estado boliviano de reglamentar y erradicar un gran número de hectáreas de tierra en la región del Chapare a través de la ley 1008, condujo a la conformación del movimiento cocalero. Según Núñez, esta organización social además de defender el cultivo de un producto tradicional, es la única posibilidad rentable de subsistencia. A lo largo de la última década, los cocaleros bolivianos han mantenido una notable actividad política y social, lo que les ha permitido tener una importante representación en el parlamento boliviano y la posibilidad de asumir el control político en las próximas elecciones presidenciales.